Solbes informa del Programa de Estabilidad 2008-2011

17.02.2009 22:40

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, ha comparecido hoy a petición propia ante la Comisión de Economía y Hacienda para informar sobre la actualización del programa de estabilidad del Reino de España 2008-2011

Contexto internacional

La crisis financiera internacional, lejos de remitir se ha intensificado y extendido desde el pasado mes de septiembre teniendo un fuerte impacto sobre la actividad económica real. La economía mundial enfrenta su peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, como se ha puesto plenamente de manifiesto en el último trimestre de 2008 y se prolongará durante 2009: según las últimas previsiones presentadas por el FMI el PIB de las economías avanzadas caerá un 2% en 2009.

La grave crisis financiera está provocando un colapso de la demanda y de la actividad económica.

Este impacto se está produciendo de forma directa debido a la desaceleración considerable del crédito a familias y empresas pero, sobre todo, indirectamente al hundirse la confianza de consumidores y empresarios, destruirse riqueza -mediante la pérdida de valor de activos financieros e inmobiliarios- y generar una incertidumbre muy elevada que lleva a posponer las decisiones de gasto.

Para evitar caer en una espiral negativa en la que el creciente deterioro de la actividad económica y la crisis financiera se retroalimenten provocando una depresión económica prolongada, se está actuando decididamente aplicando políticas de demanda expansivas: fuerte recorte de los tipos de interés por parte de los bancos centrales y medidas de estímulo fiscal. A esto se añaden medidas excepcionales para intentar restablecer la normalidad en el sector financiero: la intervención pública va desde la provisión de financiación hasta la compra de los activos “tóxicos” o la recapitalización con fondos públicos, llegando a la nacionalización en algunos casos. Con este amplio abanico de actuaciones, se ha logrado evitar un colapso financiero, pero aún no ha sido posible restablecer el funcionamiento normal del sector. Ante la persistencia de las tensiones financieras, desde organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, se recomiendan acciones más decididas para que las entidades reconozcan plenamente sus pérdidas y saneen sus balances, con apoyo público si es necesario.

En la medida en que estas actuaciones resulten eficaces y siempre que no se produzcan nuevas sorpresas negativas, la economía mundial debería iniciar una gradual recuperación hacia finales de año, si bien, la incertidumbre continúa siendo muy elevada.

Coyuntura nacional

En este contexto, la situación de España es comparable a la de las principales economías de nuestro entorno: desde finales de 2008 estamos empezando a sentir con intensidad la contracción económica.

No obstante, podemos destacar algunos aspectos específicos de nuestra economía. De forma muy sintética podríamos decir que, en comparación con los países de nuestro entorno, la situación de España es relativamente mejor en cuanto a la solvencia del sector financiero y a la posición fiscal de partida. Sin embargo, existe una mayor necesidad de ajuste en el sector inmobiliario, que está teniendo un coste muy elevado en términos de destrucción de empleo, con una pérdida de más de medio millón de puestos de trabajo en el sector en 2008.

Esta situación nos ha llevado a hacer una fuerte revisión de nuestras previsiones, como se pone de manifiesto en la Actualización del Programa de Estabilidad, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 16 de enero.

Esta es la décima Actualización del Programa de Estabilidad, que recoge las previsiones de los escenarios presupuestarios del conjunto de las Administraciones Públicas para el período 2008- 2011. Se trata del documento de referencia para la supervisión multilateral por parte del Consejo de la Unión Europea. La remisión de esta actualización se realizó con retraso con respecto al calendario previsto para poder incorporar las decisiones fiscales adoptadas en el Consejo europeo de diciembre.

A pesar del difícil contexto económico, el Programa de Estabilidad mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo y se acompañará de una aceleración de las reformas estructurales para contribuir a una recuperación más rápida.

Hemos modificado considerablemente el cuadro macroeconómico en comparación con el que presentamos en la anterior actualización. La coyuntura actual es completamente distinta de la existente hace un año. Tanto España, como las principales economías desarrolladas, hemos pasado de un crecimiento considerable en 2007 a una caída del PIB en la segunda mitad del 2008.

La crisis ha obligado a todos los organismos y analistas a recortar sus previsiones de forma sustancial y repetidas veces, particularmente a partir del agravamiento de la crisis financiera en septiembre pasado.

Tras haber cerrado 2008 con un crecimiento del 1,2% en el conjunto del año, pero con una caída del 0,7% interanual en el cuarto trimestre, prevemos un crecimiento negativo del 1,6% para el año en curso, que evidencia de forma clara el cambio de contexto económico con respecto a hace un año. La menor actividad tendrá un impacto muy importante sobre el desempleo, que previsiblemente alcanzará el 15,9% de la población activa este año.

Pese a la elevada incertidumbre, para 2010 y 2011 se apunta a una recuperación de las tasas de crecimiento que en 2011 alcanzará ya cierto vigor. La recuperación se verá impulsada por las medidas que está adoptando el Gobierno y, de forma especial por la necesaria aceleración de las reformas estructurales.

Política económica

Ante el deterioro de la situación económica, el Gobierno ha reaccionado, empleando medidas de estímulo fiscal y de provisión de financiación para frenar el deterioro económico a corto plazo, así como trabajando en las reformas estructurales para favorecer una recuperación más intensa.

Naturalmente, el deterioro del escenario económico y el amplio conjunto de medidas económicas adoptadas condicionan las proyecciones presupuestarias para los próximos años. De forma coherente con las decisiones del Consejo europeo, la estrategia fiscal tiene como objetivo contribuir a la superación de la crisis. Las medidas temporales de impulso, estimadas en 1% del PIB, se han instrumentado, fundamentalmente, a través de la canalización de recursos públicos a favor del empleo y la inversión pública. Si a estas actuaciones se suman las medidas permanentes que suponen tanto una rebaja fiscal, como una mejora de liquidez para empresas y familias, el estímulo fiscal estimado para 2009 se eleva a 2,3% del PIB.

Este impulso fiscal es ambicioso tanto por su cuantía, como por la amplitud de los ámbitos que abarca. Hemos adoptado medidas de estímulo tanto por el lado del gasto (Fondos para la inversión pública local y para la dinamización de la economía en ámbitos prioritarios) como diversas medidas por el lado de los ingresos públicos (incluyendo desde la nueva deducción en el IRPF, la supresión del impuesto del patrimonio, un adelanto de la deducción por hipoteca, la devolución mensual del IVA o nueva bonificación a la contratación de desempleados).

La aplicación de medidas expansivas discrecionales en 2008 y 2009, unida al funcionamiento de los estabilizadores automáticos nos han llevado a utilizar plenamente este margen de actuación vía política fiscal expansiva.

Un objetivo del Gobierno es mantener la sostenibilidad presupuestaria. Por ello, además del carácter reversible de las medidas temporales, se prevé una senda de ajuste a partir de 2010.

El gobierno prevé un deterioro del saldo fiscal hasta el -5,8% del PIB en 2009, seguido de un importante ajuste del saldo estructural desde 2010 lo que permitirá reconducir el déficit al -3,9% del PIB en 2011. El peso de la deuda pública, aunque aumentará significativamente, se mantendrá claramente por debajo del 60%. Un primer paso para ajustar el saldo estructural ha sido el recorte de 1.500 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros de la pasada semana.

A la vista de las proyecciones presupuestarias, es evidente que el ECOFIN declarará la existencia de déficit excesivo y presentará las correspondientes recomendaciones para corregirlo.

Medidas financieras

Aparte de la política fiscal, el otro ámbito en el que la política económica está actuando con mayor intensidad es el sector financiero. Ante las circunstancias extraordinarias de inestabilidad financiera y de manera coordinada con la Unión Europea, se han adoptado medidas que proporcionan liquidez al sistema sin representar un coste para los contribuyentes.

Su objetivo es movilizar el crédito hacia familias y empresas. Además de reforzar el sistema de garantía de depósitos, se ha constituido el Fondo de Adquisición de Activos Financieros y las entidades de crédito están comenzando a emitir deuda con aval del Estado. Por otra parte, se han adaptado y ampliado notablemente las líneas de financiación del ICO.

El Fondo para la Adquisición de Activos Financieros opera inyectando liquidez a las entidades de crédito mediante la compra de activos de alta calidad.

El objetivo de esta medida es doble. Por un lado pretende proporcionar financiación estable a medio y largo plazo a las entidades de crédito, lo que les ayuda a estimular sus políticas de concesión de crédito a familias y empresas y, por otro, contribuye también a reactivar el mercado de crédito mayorista sentando las bases de negociación de los activos en los mercados. Y todo ello sin que suponga coste alguno para el ciudadano, ya que los activos se compran a un interés superior al coste en que incurre el Estado para financiar dichas operaciones.

En un periodo relativamente corto de tiempo, desde el 20 de noviembre al 30 de enero, se han celebrado cuatro subastas de activos en las que se han adjudicado un total de 19.341 millones de euros distribuidos entre un elevado número de entidades.

En las dos últimas subastas se ha adjudicado un total de 2.246 millones de euros para el tramo no competitivo de la subasta, al que sólo podían acceder aquellas entidades que hubieran incrementado sus niveles de crédito concedido a otros sectores residentes entre los meses de agosto y noviembre de 2008. De esta forma, el Fondo premia a aquellas entidades que están realizando un mayor esfuerzo en la concesión de crédito.

La valoración, desde la óptica operativa ha sido positiva, en particular del buen funcionamiento de los órganos encargados de instrumentar las subastas representados en el Comité Técnico, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la CNMV, el ICO y el Banco de España, que actúa como agente y banco depositario del Fondo.

Por otra parte, tampoco se aprecia que el necesario aumento en la emisión de deuda pública tenga un impacto negativo sobre el coste de financiación para el Estado. Es cierto que, a medida que la crisis financiera ha ido intensificándose, ha aumentado el diferencial de la deuda de España frente a la de Alemania, evolución que no es exclusiva de nuestro país, sino que afecta a la mayoría de países europeos. Esta diferencia experimentó un aumento al anunciarse la rebaja de calificación crediticia de la Deuda española por una agencia internacional en enero pasado, regresando hacia el nivel de 100 puntos básicos a comienzos de febrero. A juicio de numerosos operadores, esta evolución refleja una sobre-reacción, nada infrecuente en estos mercados, pero que tenderá a desaparecer a medida que los inversores vuelven a fijarse en los fundamentos económicos. De nuevo ayer aumentaba el diferencial, en este caso por la caída en la rentabilidad del bono alemán, usado como refugio por los inversores ante los malos datos procedentes de Japón.

En todo caso, lo relevante para nuestras finanzas públicas, es el coste de financiación en términos absolutos. A este respecto, es de destacar que, para la Deuda española a 10 años, el coste mínimo de todo el año 2008 –que fue del 3,75%- se alcanzó durante el mes de diciembre. Pero, además, la financiación del Estado no se basa exclusivamente en la emisión de títulos a 10 años, sino que existe también una importante emisión de títulos a plazos más cortos, donde no sólo no se ha producido deterioro alguno con respecto a otros países de la Zona Euro, sino que en estos momentos el coste de financiación se encuentra a niveles históricamente bajos. Por tanto, todo apunta a que la constitución de este Fondo no ha encarecido la financiación del Estado.

En conclusión, en breve espacio de tiempo se han aportado al sistema financiero español más de 19.000 millones de euros que han llegado a un elevado número de entidades contribuyendo a una mayor estabilidad de la financiación y sentando así las bases para promover la concesión de crédito al sector privado residente.

Con este mismo objetivo, se aprobó la concesión de avales del Estado para respaldar las nuevas emisiones de deuda de las entidades de crédito. Se han otorgado avales por importe de 89.794 millones de euros distribuidos entre 53 entidades. Las beneficiarias podrán utilizar los avales otorgados en emisiones de deuda que realicen antes del 15 de diciembre de 2009.

Hasta la fecha, el Estado ha asumido el aval de una emisión por importe de 2.000 millones y en los próximos días asumirá el de dos nuevas emisiones que están en proceso por un valor conjunto de 3.500 millones. Además, ya se ha emitido la comunicación de cumplimiento de los requisitos para otras cinco operaciones más cuyo importe máximo agregado es de 8.500 millones de euros.

Líneas de financiación del ICO

Finalmente, con el objetivo de facilitar financiación a los sectores empresariales y a las familias más afectados por la crisis, se han reforzado y flexibilizado las líneas ya existentes y se han creado otras nuevas. En total se han aprobado alrededor de 29.000 millones de financiación dirigida esencialmente a autónomos y pequeñas y medianas empresas, así como una moratoria parcial en pago de hipotecas.

Todas estas líneas están disponibles desde principios de año. No obstante, al tratarse en muchos casos de un esquema novedoso, al que las entidades deben ajustar sus operaciones, su utilización de forma generalizada exige un plazo de tiempo prudencial. Por otra parte, la persistente inestabilidad de los mercados financieros ha alterado notablemente las condiciones imperantes, lo que ha aconsejado incluir algunas modificaciones en las condiciones para asegurar una mayor eficacia.

Se ha acordado autorizar al ICO a utilizar fondos de la Línea ICO-Pyme para la Línea ICO-liquidez, dada la previsible mayor demanda de esta última debido a las necesidades de liquidez de las pequeñas y medianas empresas. Además, en el caso de agotamiento de la dotación económica de ambas líneas, se aprobará la ampliación de los importes correspondientes.

Por otra parte, se acordó ampliar de tres a cinco años el plazo máximo de devolución de las cantidades aplazadas, a través de la Línea de Moratoria-Pyme. También se decidió, incrementar 55 puntos básicos el margen de intermediación de las entidades de crédito en las líneas de fomento empresarial para reflejar las actuales condiciones de los mercados financieros.

En relación a la moratoria en el pago de los préstamos hipotecarios –que fue aprobada mediante el Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre- y que pretende evitar que determinadas familias, más vulnerables, pierdan sus viviendas por el impago de la hipoteca, se ha ampliado el porcentaje de cobertura del ICO de la línea, que incentiva a las entidades de crédito a participar en la operación y, se han flexibilizado las condiciones financieras permitiendo ampliar la cobertura ofrecida a los potenciales beneficiarios. En este sentido, se desplaza el periodo de cómputo de la moratoria, se retrasa el inicio de la devolución del préstamo y se amplía su plazo máximo.

En la actualidad se están incorporando a los contratos de financiación de la Línea estas modificaciones de forma que en próximas fechas se encontrará operativa en las entidades de crédito.

El objetivo de todas estas medidas en el ámbito financiero es mitigar el endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito para el sector privado español. Para poder valorar las medidas adoptadas por el Gobierno, hay que partir de un diagnóstico de la situación del crédito en España.

España es el país de la Unión Económica y Monetaria que ha experimentado un mayor crecimiento de la financiación al sector privado desde la creación del euro y, para financiar esta expansión del crédito, los bancos han tenido que recurrir a los mercados internacionales.

Estos datos nos llevan a concluir que a medio plazo el sector privado español necesita reducir el peso de su endeudamiento para sanear su situación financiera, disminuyendo su ritmo de crecimiento. No obstante, al igual que ocurre con el gasto privado, nuestro objetivo es suavizar ese ajuste.

Efectivamente, el crédito al sector privado se está desacelerando rápidamente: el stock de financiación al sector privado español ha pasado de crecer un 15% en 2007, al entorno del 6% en 2008. Y es de prever que el crédito continúe desacelerándose en los próximos meses, ya que su evolución cíclica suele producirse con algún retraso en relación a la del PIB y, por el momento, los mercados financieros internacionales continúan sin normalizarse.

Esta desaceleración del crédito responde a factores tanto del lado de la demanda, como menos solicitudes de crédito ante la elevada incertidumbre, menores expectativas de renta o expectativas de bajada del precio de la vivienda, como de la oferta, ya que los bancos tienen mayores dificultades para captar financiación en los mercados, mientras que ha aumentado su percepción del riesgo.

En este contexto, las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para movilizar el crédito son útiles para suavizar la contención en la financiación a empresas y hogares, pero difícilmente permitirán cambiar la tendencia en la evolución del crédito en un entorno económico y financiero tan difícil como el actual. No obstante, en ausencia de estas medidas, las entidades financieras, indudablemente hubieran tenido que frenar aún más el crédito.

Hay que destacar que estas actuaciones, han permitido reducir la incertidumbre de las entidades sobre cómo cubrir sus necesidades de financiación, contribuyendo a recuperar cierta normalidad en el sector.

Como en otros países, existe una tensión evidente entre el requerimiento de que concedan más crédito y la exigencia de que sean, prudentes, refuercen su solvencia y desarrollen políticas de desapalancamiento.

En este sentido, aunque parece sensato pedirles un esfuerzo por sostener el crédito, sería imprudente establecer requisitos cuantitativos de crédito. Tan malo es denegar un crédito a un demandante solvente, como dárselo a quien no podrá devolverlo.

Aunque aún es demasiado pronto para hacer juicios de valor sobre la eficacia de las medidas adoptadas, todo apunta a que están ayudando a suavizar el inevitable ajuste del crédito al sector privado.

Reformas estructurales

A las medidas que ya les he comentado dirigidas a sostener la demanda –ya sean iniciativas fiscales o financieras- se une un tercer ámbito fundamental de actuación de la política económica, como ayer mismo apuntaba la OCDE: las reformas estructurales.

Estas actuaciones mejorarán el funcionamiento de diversos mercados estratégicos como el transporte (puertos, aeropuertos, transporte de mercancías por ferrocarril…), la energía, las telecomunicaciones y los servicios (mediante una transposición ambiciosa de la Directiva de Servicios); se reformarán los reguladores sectoriales, se reducirán las cargas administrativas y se mejorará la seguridad jurídica preventiva, entre otras actuaciones. El Gobierno está trabajando en estas áreas, que requieren aprobar disposiciones complejas cuya elaboración requiere tiempo y contar con la colaboración de diferentes ámbitos.

También es prioritario continuar trabajando para mejorar el funcionamiento del mercado laboral, a través del Diálogo Social, que debe permitir alcanzar acuerdos importantes con la urgencia que plantea la crisis actual.

Estas reformas estructurales son la clave para fortalecer la competitividad de la economía española e impulsar el crecimiento a largo plazo. Por eso, apelo a la responsabilidad de las distintas fuerzas políticas, a los agentes sociales y las distintas administraciones públicas para que colaboren en este proceso con el objetivo de sacar adelante reformas ambiciosas que nos permitan acelerar la recuperación económica y que la futura etapa de expansión sea más duradera.

2009 será un año muy difícil en el que la crisis alcanzará su máxima intensidad provocando una caída del PIB y un fuerte aumento del desempleo. Pese a la elevada incertidumbre, para 2010 y 2011 se apunta a una recuperación de las tasas de crecimiento que en 2011 debería mostrar ya cierto vigor.

Como elemento positivo del cambio de escenario, podemos destacar que se ha acelerado el proceso de reequilibrio del patrón de crecimiento, con una aportación positiva de la demanda externa. Por su parte, la contención del endeudamiento privado, que a corto plazo tiene un efecto contractivo, en la medida en que sea un proceso gradual, permitirá que familias y empresas enfrenten la próxima recuperación en una mejor posición financiera. Por tanto, tras este proceso de ajuste, la economía volverá a crecer y lo hará de manera más equilibrada: con menos déficit exterior, menor peso de la construcción y menor endeudamiento privado.

La inflación se mantendrá muy moderada, los tipos de interés tienen aún margen para continuar bajando y las tensiones financieras internacionales deben comenzar a remitir. Esto configurará un entorno económico más favorable que ayudará a reactivar el consumo y la inversión.

Sin embargo, para alcanzar la recuperación de la economía es imprescindible dar un impulso adicional a las reformas estructurales y acelerar el diálogo social. Estas iniciativas facilitarán una recuperación más rápida y duradera, especialmente en términos de empleo.