Los expertos presentan al Ministerio de Igualdad su informe sobre la interrupción voluntaria del embarazo
El Comité de Expertos propone una ley de plazos que permite a las mujeres decidir libremente en las primeras 14 semanas
El informe avala la necesidad de cambiar la actual normativa y plantea un sistema mixto que combine plazos con indicaciones
Asimismo, aboga por la prevención y la mejora de la salud sexual y reproductiva para reducir el número de embarazos no deseados.
Aído ha destacado que “no se trata de hacer una Ley más permisiva, sino más segura” y que “desde cualquier perspectiva, la futura será mejor Ley que la actual”
El comité de personas expertas ha presentado hoy a
En el documento se propone la necesidad de sustituir el actual sistema que contempla la penalización de
Foto: Comité de personas expertas
En este sentido, el informe plantea una ley de plazos que permita a las mujeres decidir libremente en torno a las primeras 14 semanas de gestación y hasta la semana 22, en dos supuestos: cuando exista un grave peligro para la vida o la salud de la embarazada y cuando se detecten graves anomalías en el feto. En ambos casos, debe constar un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico especialista distinto del que practique la intervención.
Aído ha señalado durante la presentación, que “no se trata de hacer una Ley más permisiva. Se trata de hacer una ley más segura”. “Se trata –ha dicho- de garantizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo que puedan hacerlo con total libertad y seguridad jurídica dentro de unos plazos y en unos supuestos bien definidos. También de proteger la vida del no nacido, cuando ya puede, según criterio científico, vivir con independencia de su madre. Y también de garantizar que los médicos y el personal sanitario puedan hacer su trabajo con seguridad”. “Desde cualquier perspectiva, será mejor Ley que la actual”, ha concluido la ministra.
El comité de personas expertas considera que el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo debe regularse en la futura ley y no en el Código Penal. Es decir, que en ningún caso las mujeres que deciden interrumpir su embarazo podrán ser castigadas con penas de prisión.
Por otra parte, el Comité recomienda reconocer la autonomía en la decisión a las jóvenes partir de los 16 años sin que sea necesaria la autorización de sus padres o tutores.
Asimismo, plantean que la objeción de conciencia no suponga un obstáculo en el acceso de las mujeres a esta prestación sanitaria en el sistema público de salud ya sea en la red pública o concertada.
Por último, las conclusiones recogen que la nueva regulación de
Para ello, los expertos consideran necesario mejorar la calidad de los actuales servicios de atención a la salud sexual como un servicio público disponible para toda la ciudadanía.
Este comité de personas expertas se constituyó el pasado 4 de septiembre. Ha trabajado durante los últimos seis meses, y en él han participado personas de reconocido prestigio en el ámbito sanitario y jurídico.
Este comité de personas expertas ha estado formado por:
José Luis González Cussac. Catedrático de Derecho Penal. Universidad Jaume I (Castellón).
Patricia Laurenzo Copello. Catedrática de Derecho Penal. Universidad de Málaga.
María Duran i Febrer. Jurista. Experta en derecho antidiscriminatorio.
Francisco Donat Colomer. Catedrático de Enfermería Materno Infantil. Ginecólogo. Universidad de Valencia
Elena Arnedo Soria. Ginecóloga y escritora.
José María Bedoya Bergua. Catedrático de Ginecología y Obstetricia. Universidad de Sevilla
Javier Martínez Salmeán. Ginecólogo. Jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Severo Ochoa.
Consuelo Catalá Pérez. Matrona.
Concepción Colomer Revuelta. Médica. Directora del Observatorio de Salud de
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