El Congreso aprueba la reforma de la Ley de Extranjería

El Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de ley de reforma de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros y de su Integración Social, con los votos a favor de PSOE, CiU, Coalición Canaria y PNV

El texto, aprobado mayoritariamente en la cámara baja, mantiene las prioridades incorporadas en el proyecto del Gobierno y fruto de una negociación parlamentaria, refuerza los instrumentos para fomentar la convivencia y la integración social por parte de todas las administraciones públicas, la garantía de los derechos de los extranjeros en los procedimientos sancionadores y el régimen de atención a los menores inmigrantes no acompañados.

Consuelo Rumí, que calificó la Ley de “moderna e integradora”, añadió que “el texto refleja la política de inmigración que se ha llevado a cabo en los últimos 5 años”. ”No hay razones de contenido para no apoyar esta Ley, que está basada en la cooperación del Gobierno con las comunidades autónomas y respetando las competencias reconocidas en la Constitución”, dijo la Secretaria de Estado.

Con la reforma, la Ley de Extranjería mantiene las prioridades del Gobierno, ya que garantiza los derechos fundamentales a todos los inmigrantes que lleguen a España, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la vez que proporciona una canalización legal y ordenada de la inmigración, incorporando aspectos como el obligar al empleador irregular a asumir los costes de la repatriación.

Reagrupación familiar y lucha contra la inmigración irregular

Asimismo, refuerza el estatuto de los reagrupados, ya que, entre otras novedades, incluye a la pareja de hecho en el núcleo familiar reagrupable; y aumenta la eficacia en la lucha contra la inmigración irregular al prevenir las llegadas de inmigración clandestina.

La nueva reforma también permite el desarrollo de las directivas europeas, impulsando la competitividad de nuestra economía, como es el caso de la previsión de una autorización de residencia y trabajo para personas especialmente cualificadas (la llamada tarjeta azul)

Y con ella, además se establece el marco de desarrollo de las competencias autonómicas en materia de autorización de trabajo en plena coordinación con la política estatal de inmigración.

La Ley de Extranjería también ha desarrollado al máximo las garantías de los extranjeros en el procedimiento administrativo y en situaciones de privación de libertad, manteniendo las condiciones de eficacia de las políticas de control y repatriación.

Y ha introducido un marco normativo completo de atención a los menores extranjeros no acompañados en igualad con los españoles y de impulso a las administraciones públicas. En este sentido, la Ley prevé la cooperación entre Administraciones Públicas, mediante convenios entre las Comunidades Autónomas que permitan distribuir su tutela de modo adecuado a las capacidades de cada administración y mejorando las posibilidades de acceso a residencia y trabajo para los menores que han sido acogidos en España.

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